El Programa de Derecho Político y Económico, como un área de concentración, tiene como objetivo renovar la visión del Estado sobre la creación y expansión de nuevos mecanismos de democracia directa, prevista en las constituciones contemporáneas. La expansión de mecanismos de participación popular en los procesos políticos decisivos termina por crear nuevos derechos que se extienden y refuerzan niveles de poder ya existentes.

Las nuevas interacciones sociales y sus normas jurídicas fundamentales establecen los límites para el orden de una comunidad política en particular, representando diferentes modelos sociales y políticos para el orden económico.

Este es el contexto en el que está inserto el ‘Área de Concentración en Derecho Político y Económico’, con el objetivo de hacer una reflexión crítica acerca de dos grandes aspectos contradictorios de la actualidad: la democracia de masas y la concentración del poder económico. Es exactamente la tensión entre estos dos elementos que contribuye para el aumento de los espacios democráticos de participación popular en las tomadas de decisiones y los resultados del proceso económico. 

Modelo de Ciudadanía del Estado

El programa académico para el ‘Modelo de Ciudadanía del Estado’ promueve la reflexión sobre el concepto de ciudadanía, integrándolo a los fundamentos y principios de los derechos democráticos del Estado de bienestar, especialmente con respecto a la obligación de promover la justicia social y la participación política efectiva. El propósito es, por lo tanto, la comprensión de la práctica de la participación popular como ciudadano y su influjo para el cambio de las decisiones políticas y las exigencias económicas del Estado, como previsto en la Constitución Federal de 1988. Es importante fijarse que la principal preocupación en este debate está relacionada a la necesidad de implementar políticas públicas, un concepto que no está limitado a nociones y categorías tradicionales del Derecho, ya que requiere del Estado acción racional y plan para conducir acciones gubernamentales en programas que involucran la adopción de medidas extremamente complejas y heterogéneas, desde un punto de vista judicial. En este sentido, a la intervención del Estado en el ámbito individual ya no se ve como un obstáculo para la realización completa de la ciudadanía, o como una grave violación de los derechos. Desde el punto de vista liberal de las autonomías públicas para el reconocimiento de los derechos sociales, y a partir de los logros del Estado de bienestar para el reconocimiento del desarrollo como una forma de libertad, el Estado ha reconocido la responsabilidad en garantizar los derechos fundamentales a través de sus acciones sobre las economías sociales. Si antes era suficiente el reconocimiento del Estado sobre la igualdad judicial para evitar el colapso del Sistema profundizándose en sus contradicciones, con el paso del tiempo, la manutención del Sistema exige el reconocimiento del Estado acerca de la diferencia y la asimilación del conflicto. El reconocimiento del fracaso del Mercado en proporcionar el bienestar y reducir las diferencias exige una agenda positiva del gobierno, que admita la sociedad civil como agente responsable de la política pública. Es sabido que la conquista y expansión de la ciudadanía en Brasil va por el fortalecimiento entre el Estado y la democracia ante los intereses privados y su reestructuración para integrar las demandas sociales. Conociendo entonces las limitaciones de la acción del Estado Brasileño en lograr la ciudadanía completa, la búsqueda por alternativas para superarlas y la comprensión de los caminos posibles para ampliar la ciudadanía son cuestiones clave para la reestructuración del Estado y la promoción de los derechos fundamentales.

El Poder Económico y Sus Límites Legales

La línea investigativa d’El Poder Económico y Sus Límites Legales se ocupa de la relación entre el fenómeno judicial y el modo de producción capitalista. El establecimiento de una ley racional, basada en la universalidad abstracta de las formas judiciales y la institución del principio de igualdad formal ante la ley, para garantizar la previsibilidad de actuación, son las bases que posibilitan el desarrollo del sistema capitalista. El Mercado no es un “orden espontáneo” natural, pero sí una estructura social e histórica, es el resultado de la tomada de decisiones políticas y jurídicas que sirven ciertos intereses ante otros. En resumen, el Mercado es también una institución jurídica. No sólo por eso, pero justamente por eso, no se puede ignorar que el Estado, además de ser el principal agente económico, es también el regulador y planificador de la política económica. Por lo tanto, el objetivo de esta línea de estudio es identificar, apoyar y justificar los límites legales del poder económico, relacionándolos a los papeles del Estado en el ámbito económico. Así, se busca comprender no solamente el poder económico como una cuestión aislada, restringida a las autoridades del cumplimiento de la ley o de la policía de la Ley de Competencia. El objetivo es entender el fenómeno del poder económico bajo varios aspectos, comprendiéndolo como una manifestación de la realidad social, la regulación de lo que cubre varios campos judiciales. En este sentido, conectándose a un propósito más general, el Área de Concentración en el Derecho Político y Económico desea promover la reflexión acerca de la supremacía de las instituciones democráticas en el Mercado, así como de la independencia de las políticas de Estado del poder económico del sector privado. Se supone, considerando lo previsto en la Constitución de 1988, la existencia de un Estado fuerte, capaz de controlar los intereses particulares de los titulares del poder económico. La preocupación principal de estos estudios es promover el estímulo y la consolidación de un pensamiento crítico de la ley, bajo los impactos de los cambios y transformación de paradigma de la sociedad contemporánea entre la gran cantidad de problemas, perplejidades e intereses públicos y privados que rodean o hasta se funden a lo más arraigado, dimensiones interdependientes y, por ello, más actualizado Derecho Político y Económico. La combinación de la función principal e inalterable de la formación de profesores e investigadores bajo el panorama y enfoque crítico del Derecho, con el objetivo de las líneas de investigación que apoyan reflexiones y estudios referenciales, ha concedido al programa una innegable distinción significativa. La especificidad de este programa, como de hecho, demuestra y destaca su relación con otras ciencias humanas y sociales, lo que explica el interés de estudiantes y profesores por la investigación multidisciplinaria, preocupándose con la amplitud del Área de Concentración, que, al fin del día, por su organización y articulación de estudios básicos, no solamente sofistica, expande y refuerza la reflexión, pero también hace la unidad de área de concentración esencial para la coherencia del programa. Por su historia y su contexto, el Programa de Postgrado en Derecho Político y Económico de la UPM asumió, desde su inicio, el emocionante y desafiante papel de agente de desarrollo y apoyo a una política continuada de formación de profesores e investigadores preparados para encontrarse a la creciente demanda de los marcos académicos de calidad para enseñanza y producción científica en el país, especialmente en São Paulo, dado el alto número de cursos de licenciatura en Derecho en la capital y su zona metropolitana.